Proyecto ‘Defensa y promoción de los derechos humanos y reconstrucción del tejido psicosocial de las víctimas de la desaparición forzada de niños y niñas en El Salvador’

Descripción:

RedS acompaña a Pro-Búsqueda en el proceso de construcción de paz y de generación de las condiciones necesarias para una autentica reconciliación de la sociedad salvadoreña, desde la perspectiva de las víctimas de la desaparición forzada de niños y niñas, y a través del esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia efectiva y la reparación integral.

Ello implica la necesaria labor de búsqueda y localización de los niños y niñas desaparecidos, ahora jóvenes. Posteriormente la preparación psicosocial para el reencuentro con sus familias biológicas, con la intención de facilitar un proceso de reintegración familiar como una forma de reparación. Y, finalmente, acompañar las iniciativas de demandas de justicia efectiva en el sistema interno e interamericano de derechos humanos para que estos crímenes no se repitan y se supere la impunidad que aún existe en El Salvador.

La desaparición forzada

La desaparición forzada es un delito, es un crimen de lesa humanidad, que afecta a hombres y a mujeres del mundo entero y que en El Salvador ha sido una forma de agresión y violencia política contra la niñez.

La desaparición forzada atenta en contra de las personas desaparecidas y de sus familiares y es un delito que busca ocultar al sujeto indefinidamente en el tiempo, producir incertidumbre sobre la suerte que ha corrido, provocar su más absoluta inseguridad y sustraer a la persona de la protección de los órganos judiciales. El delito de desaparición forzada es pluriofensivo, ya que los bienes jurídicos que se ven afectados son la vida, la libertad, la integridad, la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.

El Comité Contra la Tortura de la ONU tipifica la desaparición forzada como una de las peores violaciones a los Derechos Humanos, porque, mientras no se resuelve, es una violación que perdura en el tiempo.

La desaparición forzada de niños y niñas en El Salvador

Durante la guerra (1980-1992) el Estado de El Salvador diseñó una estrategia de contrainsurgencia que suponía el exterminio de civiles que consideraban como colaboradores de las organizaciones de izquierda de esa época. Las fuerzas armadas desplegaron grandes operativos militares en las zonas de mayor incidencia insurgente mediante los cuales se violaron sistemáticamente derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En este contexto, la desaparición forzada de niñas y niños durante los primeros años de la guerra (1980-1984), constituyó una práctica que provocó la separación obligada de niñas y niños de sus familias biológicas.

En la mayoría de los casos, las niñas y niños eran sustraídos durante la ejecución de operativos militares luego que sus familiares fueran ejecutados u obligados a huir para proteger sus vidas, y después se les trasladaba a unidades militares de las zonas, o se les entregaban a oficiales u otros miembros del ejército, la Cruz Roja salvadoreña y a personas civiles que traficaban ilegalmente con los niños y niñas a través de adopciones irregulares, especialmente hacia países de Norteamérica y Europa.

Además de la responsabilidad directa del Estado salvadoreño en la comisión del grave delito de la desaparición forzada de niñas y niños, y su falta de voluntad política para promover acciones orientadas a la investigación del paradero de las niñas y niños desaparecidos y los responsables, los efectos devastadores de este grave delito siguen provocando sufrimiento e incertidumbre en las víctimas, sus familiares y su entorno comunitario. Esto se agrava aún más con la prevaleciente atmósfera de impunidad. En este sentido, mientras no se esclarezca el paradero del ser querido desaparecido y no se propicie un proceso de reparación, se continúa perpetrando este grave delito y sus terribles efectos, lo cual constituye una de las peores formas de violencia política.

Población beneficiaria:

Los beneficiarios directos son las 500 familias de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado.
Entre los beneficiarios directos encontramos:

a) Familiares adultos (padres, madres, abuelos, tíos o parientes sobrevivientes que han denunciado casos de niñas o niños desaparecidos).

b) Jóvenes reencontrados que cuando fueron niños y niñas habían sido desaparecidos y posteriormente localizados y reencontrados con sus familiares biológicos.

c) Jóvenes familiares, los hermanos, sobrinos, primos de los niños o niñas desaparecidos.

La población beneficiaria indirecta son los miembros del contexto familiar más extenso y el entorno comunitario más cercano, así como el universo de víctimas de la violencia política, como son los familiares de desaparecidos adultos y otras organizaciones de derechos humanos que también luchan contra la impunidad.

Ámbito geográfico:

Hay cinco zonas de trabajo en la que están organizados los familiares con la representación de sus respectivos referentes elegidos por los mismos en Asamblea General de Socios. Las áreas geográficas son: Chalatenango, Morazán, San Vicente, Cabañas, San Salvador y Usulután.

Viabilidad del proyecto:

Un elemento estratégico para la viabilidad de este proyecto es la naturaleza de la Asociación Pro-Búsqueda como un movimiento de familiares víctimas de la desaparición forzada de menores. Son ellos quienes han impulsado durante 13 años, de manera sostenida, la lucha por la reivindicación de sus derechos: el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia y la reparación integral. Gracias a la formación en sus derechos, organización a nivel zonal en todo el país y a la participación activa tanto de familiares como jóvenes reencontrados y familiares en los procesos institucionales, los resultados y el impacto han sido significativos en la sociedad salvadoreña, en la región centroamericana y a nivel internacional se ha ganado reconocimiento.

Importe de la subvención: 65.000 euros

Financiador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament