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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha admitido a trámite una nueva demanda contra el Estado salvadoreño por la desaparición forzada de cuatro niñas y dos niños durante el conflicto armado en ese país (1980-1992).

Es la tercera ocasión en la que El Salvador comparece ante la Corte IDH y, en dos casos, por su responsabilidad en la desaparición forzada de niños y niñas. La primera sentencia condenatoria emitida por este tribunal regional contra el Estado salvadoreño fue por la desaparición de las hermanas Serrano Cruz en un operativo militar en 1982.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, el 28 de junio del año 2010, una demanda ante la Corte IDH en contra del Estado salvadoreño por la desaparición forzada de los niños Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez y José Rubén Rivera. Todos ellos fueron desaparecidos entre 1981 y 1983 durante “operativos de contrainsurgencia” realizados por las fuerzas armadas salvadoreñas durante el conflicto armado.

Gracias a la labor de investigación realizada por la Asociación Pro-Búsqueda, después de 12 años de pesquisas, se logró localizar a Gregoria Herminia Contreras e iniciar así el proceso de reconstrucción de su identidad, el conocimiento real de su historia y el restablecimiento de las relaciones con su familia biológica. Sin embargo, sus hermanos Serapio Cristian y Julia Inés Contreras continúan desaparecidos. La misma situación enfrentan los casos de Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez y el niño José Rubén Rivera.

La demanda responde al incumplimiento, por parte del Estado salvadoreño, de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de investigar el destino o paradero de los niños y niñas, investigar los hechos de manera completa e imparcial y sancionar a los responsables, reparar adecuadamente a las víctimas y reconocer públicamente su responsabilidad en estos hechos.

Reacción de la Asociación Pro-Búsqueda

La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, principal impulsora del caso en el sistema interamericano de justicia, ha emitido un comunicado en el que expresa su satisfacción por la decisión tomada por la Comisión Interamericana de demandar al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana “ya que representa un logro más de las víctimas de desaparición forzada y la valentía de los familiares de los casos sujetos a la demanda”.

Del mismo modo, subraya que la Comisión ha manifestado que “las circunstancias que generaron las seis desapariciones aún no han sido esclarecidas; los responsables no han sido identificados ni sancionados y, pasados casi 30 años, los hechos permanecen en la impunidad”.

Por-Búsqueda también lamenta que el Estado salvadoreño no acatara las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerda, además, que este organismo determinó la responsabilidad estatal en la violación de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, a las garantías judiciales y la protección judicial, la protección a la familia y el derecho al nombre, entre otros. Por todo ello, la Asociación Pro-Búsqueda señala que  “la actitud del Estado salvadoreño coloca al país en una situación desfavorable ya que se convierte en un Estado más que quebranta los Tratados y Convenios internacionales de protección a los derechos humanos”.

Añade, también, que no se ha respetado a las víctimas de desaparición forzada lo que ha prolongado “el sufrimiento que por décadas éstas han venido sufriendo”.