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El Estado de El Salvador ha reconocido por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en la práctica de las desapariciones forzadas de niñas y niños durante el conflicto armado.

El pasado 06 de noviembre, a solicitud de la Asociación Pro-Búsqueda, el Estado de El Salvador compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, por los casos de Emelinda Lorena Hernández, Santos Ernesto Salinas, José Adrián Rochac Hernández, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Abarca Ayala, todos de edades comprendidas entre los 11 meses y los 13 años. Estos niños desaparecieron entre los años 1980 y 1982 a manos de la Fuerza Armada salvadoreña en el marco de operativos militares que se llevaron a cabo durante el conflicto militar en El Salvador y en los que se perpetraron cruentas masacres contra la población civil.

Las desapariciones de estos 5 niños fueron presentadas a la Comisión Interamericana en año 2003, después de que las demandas de habeas corpus interpuestas en el sistema judicial salvadoreño resultaron infructuosas. Además, la Fiscalía General de la República no indagó sobre estos graves hechos, haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a los constantes requerimientos de los familiares de estos niños.

Pro-Búsqueda presentó a la Audiencia argumentos sobre la responsabilidad que tiene el Estado salvadoreño en las desapariciones y las consecuentes violaciones de derechos humanos, cometidos contra la población. Derechos que están contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, denunció la negación de justicia y la impunidad que ha imperado en los casos de estos cinco niños, apelando también a la inoperancia de la justicia interna de El Salvador.

En un hecho sin precedentes, la representación del Estado de El Salvador reconoció la existencia de la desaparición forzada de niños y niñas como una práctica estatal reiterada llevada a cabo durante el conflicto armado interno, así como manifestó que no se oponían a los argumentos para estos casos concretos expuestos por Pro-Búsqueda.

Reconoció la legitimidad de la lucha de las víctimas por encontrar a sus familiares desaparecidos así como también presentó una petición de disculpas para las familias de Emelinda Lorena, Santos Ernesto, José Adrián, Manuel Antonio y Ricardo. Además, ratificó la validez de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos y expresó su total voluntad de acatar sus recomendaciones.

El Estado también informó que la Fiscalía General de la República ha abierto las investigaciones pertinentes para determinar el paradero de los niños y los responsables de las desapariciones. Así, la Fiscalía asume por fin su deber y responsabilidad que, por mandato legal, tiene de investigar los delitos que se cometieron durante el conflicto armado y que nunca se han investigado.

Pro-Búsqueda también solicitó a la Comisión que ésta emitiera un Informe de Fondo en el que se recojan las violaciones de derechos humanos mencionadas y la obligación del Estado de reparar a las víctimas.

Los casos pasarán ahora a deliberación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que próximamente deberá emitir su informe final y evaluar si el caso inicia un proceso judicial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.