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Dora Alicia Sortos, de 32 años de edad y en su octavo mes de embarazo, fue asesinada el pasado 26 de diciembre en el departamento de Cabañas. Era la esposa de un conocido miembro del Comité Ambiental de Cabañas.

El homicidio tuvo lugar en la región de Trinidad, en Sensuntepeque, cabecera departamental de Cabañas. Según varias fuentes periodísticas locales, Dora Alicia caminaba por una vía rural, acompañada por su hijo de tres años, cuando varios individuos le dispararon, ocasionándole la muerte al instante. El niño resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano.

El asesinato de Dora Alicia se produjo seis días después de que varios desconocidos mataran a tiros a Ramiro Rivera, reconocido activista contrario a la explotación minera que la empresa canadiense Pacific Rim pretende llevar a cabo en Cabañas, y a Felicita Echeverría, que en ese momento le acompañaba.

Por su parte, Dora Alicia era la esposa de José Santos Rodríguez, vocal del Comité Ambiental de Cabañas y uno de los testigos de la muerte de Ramiro Rivera.

A las muertes de Dora Alicia, Ramiro Rivera y Felicita Echeverría se une la de Marcelo Rivera el pasado mes de junio de 2009, tras ser secuestrado y cruelmente torturado por sus captores. La muerte de estas cuatro personas se suma a la campaña de amenazas, violencia, presiones y coacciones que sufren desde hace meses las organizaciones sociales contrarias a la actividad de la minera Pacific Rim en el departamento de Cabañas.

Represión del movimiento popular contra la minería metálica

La compañía canadiense Pacific Rim empezó a operar en El Salvador en el 2002 con la exploración de la mina El Dorado, en el municipio de San Isidro, donde verificó la existencia de oro. La fuerte oposición popular a este proyecto y las irregularidades encontradas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la minera en el anterior gobierno salvadoreño hicieron que finalmente se denegara la licencia de explotación del terreno.

Al mismo tiempo que aumentaba la presión popular para que no se concediera esta licencia, se multiplicaban los casos de represión, amenazas y violencia hacia las organizaciones ambientalistas de la zona. Las amenazas, sin embargo, se materializaron el 18 de junio de 2009, cuando Marcelo Rivera desapareció. Su cuerpo fue encontrado 12 días después, con señales de graves torturas. Según la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, plataforma que agrupa a más de una decena de entidades no gubernamentales del país, la policía y la Fiscalía han sido bastante negligentes en la investigación de este crimen, y si bien se han detenido a cinco personas, el delito se ha catalogado de violencia común "con el fin de no abrir líneas de investigación sobre la autoría intelectual" del mismo, según expresa la Mesa en un comunicado. Ahora se añaden las muertes de Ramiro Rivera, Felicita Echeverría y Dora Alicia Sortos.

Paralelamente, otros activistas locales han sido objeto de persecución. El sacerdote Luis Quintanilla fue interceptado mientras conducía su coche y fue disparado, sin que fuera herido. Los periodistas que trabajan en la emisora comunitaria Radio Victoria son todavía objeto de una campaña de persecución y amenazas de muerte. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Óscar Luna, pidió protección policial para tres de estos periodistas dado el alto riesgo que corrían sus vidas. Otros activistas, como Miguel Rivera -hermano de Marcelo- y Héctor García también han recibido amenazas de muerte. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha decretado medidas cautelares en estos dos últimos casos y también para los periodistas de Radio Victoria, obligando al Estado de El Salvador a que les proporcione protección.

Impacto ambiental de la minería metálica

La fuerte oposición popular a la actividad minera en El Salvador se explica por la grave alteración ambiental que provoca la minería metálica, que incluye los yacimientos de oro. Según un estudio del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, para fabricar un anillo de oro, se generan más de tres toneladas de residuos de roca.

La extracción del oro es altamente contaminante y requiere del uso de productos tóxicos en las diferentes fases de procesamiento de los metales. Pacific Rim ha hecho público que utilizará el cianuro con el fin de separar el oro de la roca. Este proceso, nombrado lixiviación, ya se ha prohibido en sitios como Montana y Colorado (EE.UU), Turquía, República Checa, Alemania y Costa Rica. Canadá y la Unión Europea han aprobado legislaciones específicas que limitan el uso del cianuro en la minería y obligan a estrictos controles de medida e información.

La empresa canadiense asegura, sin embargo, que minimizará los efectos adversos del cianuro mediante su tratamiento en depósitos excavados en el suelo. El constante movimiento sísmico en El Salvador eleva, según las organizaciones ecologistas, el riesgo de ruptura de estos depósitos y, por lo tanto, de filtración del cianuro a los mantos acuíferos de la zona.

Aparte de la probable contaminación del agua de la que se alimentan las comunidades de la zona con los desperdicios tóxicos que generará la mina, la extracción de metales requiere de un elevado consumo de agua que pone en peligro el futuro abastecimiento hídrico del departamento de Cabañas.

Para la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, la pequeña extensión territorial de El Salvador, la alta densidad de población, la escasez de recursos hídricos y la elevada vulnerabilidad socioambiental del país son incompatibles con los proyectos mineros. A pesar de que el actual gobierno de El Salvador ha denegado el permiso de explotación minera en Pacific Rim, "hace falta que el Ejecutivo promueva una nueva Ley de Minería que prohíba expresamente la exploración y explotación minera", considera la Mesa.

El victimario se vuelve víctima

Pacific Rim calcula que puede obtener unos 3,5 millones de onzas de oro en Cabañas. Eso equivaldría a unos ingresos de 31,5 millones de dólares, sin cuantificar las existencias de plata y otros metales que se puedan extraer. De todo eso, el 98% de los beneficios son para la minera, el 1% para el Estado de El Salvador y el 1% restante, para el municipio de San Isidro.

Esta descompensación en la redistribución de los ingresos es posible gracias al Tratado de Libre Comercio que el Estado de El Salvador firmó con los Estados Unidos y República Dominicana en el 2004. Aunque Pacific Rim es una empresa canadiense, la apertura de una sede en Las Vegas le permite acogerse a los beneficios de este acuerdo comercial.

Y es precisamente en base a los términos de este tratado, que la minera ha denunciado al Estado de El Salvador por negación de la licencia de explotación que, según el acuerdo comercial, se traduce en la violación de una autorización de inversión. La empresa pide, en concepto de indemnización, 100 millones de dólares.

Actualmente, El Salvador tiene que hacer frente a otra demanda interpuesta por la minera estadounidense Commerce Group que pide otros 100 millones de dólares por el mismo concepto. Las dos demandas serán procesadas en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones), tribunal adscrito al Banco Mundial y que, según te lo sientas historial de resoluciones, siempre ha sido proclive a las corporaciones transnacionales demandantes.

Reivindicaciones al Estado salvadoreño

Desde RedS, y uniéndonos a las reclamaciones que hace la Mesa Nacional contra la Minería Metálica en El Salvador, pedimos a las autoridades salvadoreñas:

• Que se investiguen en profundidad los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de Dora Alicia Sortos, Ramiro Rivera, Felicita Echeverría y Marcelo Rivera, todos ellos destacados activistas locales en contra de la actividad minera de Pacific Rim en el departamento de Cabañas.

• Que se implementen medidas de protección eficaces a líderes comunales, representantes de organizaciones ciudadanas, activistas religiosos y periodistas comunitarios perseguidos y amenazados de muerte, a causa de su compromiso con la defensa del mediambiente.

• Que acate las recomendaciones hechas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del Salvador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relativas a la seguridad de los mencionados activistas medioambientales.

• Que el Ejecutivo salvadoreño promueva una Ley de Minería que prohíba expresamente la exploración y explotación minera en El Salvador, dada la grave alteración ambiental que provocan este tipo de proyectos y las nefastas consecuencias medioambientales que supone su implementación.

Si quieres añadirte a esta campaña internacional de apoyo a las organizaciones ambientalistas de Cabañas y unirte a las reivindicaciones de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica de El Salvador, firma aquí.